La llamada “ley antimemes” abrió un nuevo debate sobre los límites de la libertad de expresión en México.

Las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen de una reforma que contempla sanciones por el uso indebido de elementos de identidad gubernamental cuando exista una finalidad comercial y de engaño.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa a finales de mayo de 2026. El proyecto modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), como parte de un paquete de cambios que el gobierno federal relaciona con el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y con compromisos internacionales, incluido el T-MEC.

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¿Qué sí y qué no de la polémica «Ley antimemes»?

El artículo 403 Bis de la LFPPI concentra una de las principales controversias. La propuesta original establecía penas de tres a siete años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA para quienes utilizaran, reprodujeran o imitaran elementos de identidad oficial a escala comercial con el propósito de inducir al error o engaño.

Tras las críticas, las comisiones modificaron el texto. Ahora plantea una pena de uno a cinco años de prisión y exige que la conducta busque engañar sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema informático.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó que la reforma pretenda castigar memes o parodias. Señaló como ejemplo los sitios que emplean logotipos gubernamentales para aparentar que pertenecen a una institución oficial y después engañar a usuarios o solicitarles dinero.

https://x.com/Javier_Corral/status/2103141220327305671?s=20

En contraste, Ricardo Anaya y Manuel Añorve advirtieron que la disposición podría afectar la crítica política, la sátira y los contenidos digitales.

La iniciativa establece además que el concepto de “escala comercial” incluye conductas con finalidad económica, ventaja competitiva o perjuicio significativo.

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