El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió el miércoles 28 de octubre a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó revisar y transparentar los contratos del organismo durante las administraciones recientes.

A través de varios mensajes en redes sociales, Córdova sostuvo que el INE recibió auditorías constantes durante su gestión, de 2014 a 2023, por parte de distintas instancias fiscalizadoras.

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Lorenzo Córdova responde a Claudia Sheinbaum

“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma”, afirmó.

El exfuncionario agregó que la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que correspondió a su administración ocurrió en 2022 y, según su versión, concluyó sin señalamientos.

También mencionó al titular del Órgano Interno de Control, designado desde 2019 por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Córdova señaló que, pese a sus intentos, el funcionario no encontró irregularidades relevantes y sancionó las faltas menores que detectó.

Asimismo, aseguró que los partidos políticos vigilan permanentemente al instituto y acusó a Morena de mantener señalamientos públicos sin sustento contra el organismo.

“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, expresó.

https://x.com/lorenzocordovav/status/2115558980575756505?s=20

Durante su conferencia de prensa del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió auditar y transparentar los contratos del INE, tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei como en periodos anteriores.

La mandataria señaló que algunas empresas relacionadas con un presunto caso de corrupción vinculado con Taddei recibieron sanciones previas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por ello, pidió aclarar desde cuándo mantienen contratos con el instituto.

Sheinbaum insistió en que las autoridades deben informar sobre esas relaciones comerciales y garantizar la transparencia en la contratación pública.

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