Sheinbaum impulsa digitalización para frenar el despojo de inmuebles en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México impulsa la digitalización de los registros públicos de la propiedad y de los catastros como la principal estrategia para combatir el despojo de inmuebles.

Durante su conferencia matutina, afirmó que este delito representa un problema nacional y reconoció que varias entidades ya desarrollan acciones para enfrentarlo.

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La Ciudad de México acumula más de 25 mil denuncias por despojo de inmuebles desde 202.

Sheinbaum explicó que la falsificación de escrituras y registros facilita el despojo de propiedades particulares y terrenos nacionales.

Por ello, la Agencia Digital de Innovación Pública colabora con la Ciudad de México para ordenar la información patrimonial, reducir espacios para la corrupción y fortalecer la certeza jurídica.

La mandataria destacó que estados como Quintana Roo, Nayarit y Chiapas también avanzan en el combate a este delito.

Señaló que la gobernadora Mara Lezama trabaja en la modernización del Registro Público de la Propiedad, mientras que Nayarit recuperó importantes extensiones de tierra mediante acciones institucionales.

En paralelo, el Congreso de la Ciudad de México abrió un debate para reforzar la protección del patrimonio de la población, con especial atención a las personas adultas mayores, quienes enfrentan mayor riesgo de perder sus viviendas por este delito.

Legisladores de distintas bancadas propusieron ampliar la asesoría jurídica gratuita en los 66 módulos legislativos, coordinar esfuerzos con las 16 alcaldías y fortalecer la comunicación con el Gabinete de Despojos para brindar seguimiento a las denuncias.

Además, diputados solicitaron acelerar las investigaciones, agilizar los procesos judiciales y revisar el marco legal para imponer sanciones más severas contra quienes falsifiquen documentos o integren redes dedicadas al despojo.

Según cifras expuestas en el Congreso capitalino, la Ciudad de México acumula más de 25 mil denuncias por este delito desde 2020 y menos del dos por ciento ha obtenido una resolución judicial.

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