La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y propietario del 50 por ciento de las acciones del certamen Miss Universo, por presuntos delitos de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

Tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra, Rocha Cantú se incorporó al programa de testigos protegidos de la FGR.

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Raúl Rocha Cantú se incorporó al programa de testigos protegidos de la FGR.

La información fue revelada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X y confirmada por el periódico Reforma.

La causa penal número 495/2025, emitida el 15 de noviembre, documenta que Rocha Cantú dirigió una red dedicada al robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer a organizaciones criminales mexicanas. También facilitó armas de fuego a cárteles como el del Golfo y Grupo Sombra de Veracruz.

El modus operandi incluía centros logísticos en Querétaro. En la bodega “La Espuela”, ubicada en el complejo Ferropolymers, se recibían carro-tanques con combustible ilícito.

Este se procesaba en otro centro llamado “El Patio”, mezclado con aditivos para mejorar su calidad y presentación.

El combustible final se distribuía a empresas dedicadas al transporte y comercialización mediante facturas de compañías fachada. Esta estrategia dificultaba el rastreo y permitía eludir controles fiscales y aduanales.

https://x.com/CarlosLoret/status/1993652408699048167?s=20

En cuanto al tráfico de armas, la investigación reveló que empresas de seguridad privada adquirían, transportaban y rematriculaban armamento ilegal, con apoyo de exintegrantes de la SEDENA. Parte del armamento abastecía directamente a los cárteles mencionados, incluyendo a “El Cape”, “El Loco” y “El M”.

Rocha Cantú se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 21 de octubre para ofrecer información sobre la red criminal.

Su condición de testigo colaborador fue formalizada el 19 de noviembre. La investigación sigue bajo la supervisión directa del gobierno federal.

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