En una sesión maratónica que se prolongó por más de 17 horas, la Cámara de Diputados aprobó, con 324 votos a favor y 117 en contra, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La legislación otorga facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional para acceder a bases de datos personales y biométricos del gobierno y de entes privados, supuestamente bajo control judicial.

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Con 324 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La oposición denunció que, pese a afirmaciones de Morena sobre supervisión judicial, la ley permite el acceso irrestricto a información sensible sin necesidad de una orden judicial.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que se trata de una “concentración de poder, información y control”, mientras que el PAN calificó la reforma como “Ley Espía”.

Durante la discusión, se aprobó solo una reserva menor presentada por Morena, relativa a ajustes de redacción.

Sin embargo, el dictamen sufrió modificaciones sustanciales de último minuto, eliminando el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero manteniendo el acceso a datos sin controles judiciales.

También se eliminó el principio de que la seguridad pública debe ser civil, y se otorgaron nuevas facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Pese a la controversia, incluso partidos opositores como el PAN y PRI votaron en favor del dictamen, argumentando que contiene aspectos positivos como el bloqueo de señal en penales, aunque advirtieron sobre los riesgos autoritarios de la medida.

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La minuta ha sido enviada al Senado, donde será discutida antes de que concluya el periodo extraordinario el próximo 2 de julio.

La oposición ha denunciado el procedimiento como un “albazo legislativo” y una amenaza a los derechos civiles.

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