La presidenta Claudia Sheinbaum negó este viernes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya congelado las cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) la sancionara por presuntos vínculos con líderes del Cártel de Sinaloa en Baja California.

El 18 de septiembre, la UIF informó que aplicó un “bloqueo administrativo” a siete personas y 15 empresas señaladas por la OFAC por posibles nexos con la facción de Los Mayos.

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Sheinbaum insistió en que será la Fiscalía quien determine si existen pruebas sólidas que vinculen a Hilda Brown.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que en el caso de Brown no existen elementos que sustenten las acusaciones.

“De nuestro lado no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Tendrían que presentar todas las pruebas; aquí, en todo caso, se abre una investigación en la Fiscalía, pero no presentaron los elementos necesarios para que la UIF pudiera congelar las cuentas”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

El bloqueo administrativo de la UIF consiste en impedir que una persona disponga de sus recursos o acceda a servicios bancarios.

Una vez inscrito en la Lista de Personas Bloqueadas, el proceso para salir de ella es largo y complejo, ya que se presume la posibilidad de lavado de dinero o financiamiento al crimen organizado.

Según el gobierno estadounidense, durante la gestión de Brown como alcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024), los hermanos Alfonso y René Arzate García, operadores de Los Mayos, lograron consolidar el control criminal en la región fronteriza.

Reportes de la OFAC aseguran que, a través de empresarios locales y operadores políticos, los Arzate colocaron aliados en cargos clave y garantizaron la protección de sus actividades ilícitas.

Sheinbaum insistió en que será la Fiscalía quien determine si existen pruebas sólidas que vinculen a la legisladora con estos señalamientos.

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