Recortes al sector salud en 2026 afectarían atención médica y programas preventivos

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 contempla recortes hasta del del 4.3 % en términos reales al sector salud, afectando principalmente a dependencias que concentran acciones específicas como salud mental, arbitraje médico y prevención de enfermedades.

Entre las instituciones más impactadas está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), cuya asignación pasará de 104 millones 218 mil pesos a 94 millones 291 mil, una reducción del 13.6 %.

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Especialistas advierten que los recortes al sector salud podrían limitar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública

La Conamed es el único organismo oficial al que los ciudadanos pueden recurrir por malas prácticas médicas, aunque solo ofrece conciliación y no puede sancionar directamente a los profesionales. Actualmente, las víctimas enfrentan procesos legales largos y revictimizantes, de hasta una década.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), creada en 2023 para integrar la atención psiquiátrica, la prevención de adicciones y el cuidado del suicidio, verá disminuido su presupuesto un 5.2 %, pasando de 2 mil 146 millones a 2 mil 131 millones de pesos.

En paralelo, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) sufrirá un recorte del 6.7 %, afectando programas de control de rabia, dengue, microbacteriosis, enfermedades cardiometabólicas y urgencias epidemiológicas.

Otros organismos afectados son el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Conasida), con una reducción real del 2.7 %.

El Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y los Centros de Integración Juvenil, con decrementos del 1.2 %; y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con 1.6 % menos, lo que impacta políticas de salud sexual, planificación familiar y prevención de violencia de género.

Por último, especialistas advierten que estas reducciones podrían limitar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública, la atención a enfermedades crónicas y el seguimiento de poblaciones vulnerables, justo en un contexto donde la demanda de servicios médicos especializados sigue en aumento.

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